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Catorce asesinatos ocurrieron en 5 países de América Latina y el Caribe entre enero y julio. Según los registros de Ciap-Felap, desde 2006 a esta fecha de 2017 en América Latina han ocurrido 410 crímenes de periodistas y trabajadores de la prensa. Mientras, en México hay 26 desapariciones forzadas sin aclarar.

 

Veintitrés periodistas fueron asesinados en el primer semestre de 2017, según el registro de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), presidida por el periodista chileno Ernesto Carmona. Catorce de estos crímenes ocurrieron en México, dos en Guatemala, dos en Honduras, dos en Perú, dos en República Dominicana, y otro en Venezuela.

 

¿Por qué acabar con los periodistas?

 

La muerte a manos de sicarios pagados por la corrupción política y su principal “padrino” de hoy, el narcotráfico, sin perjuicio de otros poderosos sectores del delito económico, elimina sistemáticamente a periodistas críticos, libres de compromisos espurios con sistemas políticos “permeados hasta los tuétanos por el envilecimiento generado por la corrupción generalizada”, declara el dirigente de la Felap.

 

Todo esto ocurre en una región del mundo "donde no hay ninguna guerra y, teóricamente, reinaría una paz social envidiable. Es así que bajo el denominador común de la impunidad absoluta en países con cierta anomia social, los periodistas viven bajo mucho más estrés que el propio de la profesión, ya que cualquiera puede ser la próxima víctima", agrega.

 

Pero el atentado definitivo en su contra –denuncia Carmona– no es la única forma de ataque que sufren constantemente reporteros y reporteras de medios pequeños y medianos, como también corresponsales de diarios nacionales. Los periodistas de Ciudad de México, que no parecían tan afectados por los atentados, denunciaron con fundamentos, ser objeto de espionaje telefónico y computacional masivo con tecnología israelí, por parte de su gobierno, lo que se viene a sumar a numerosos atentados, amenazas de muerte, palizas y otras agresiones en diferentes países de la región.

 

¿Es sólo un problema gremial?

       

En México, el gremio se siente impotente, pero marcha clamando justicia y protección de verdad en diferentes ciudades. No se puede esperar que los periodistas formen grupos armados de autodefensa para conservar la vida. Ese es un rol que le corresponde a cualquier Estado que se precie de civilizado, ya que los trabajadores de los medios arriesgan todo por entregar la información que interesa a las personas para gestionar sus vidas. Es por lo tanto, un grave problema que debería concitar el interés y la acción de toda la sociedad en cualquier democracia, y especialmente de sus autoridades.

 

Por el contrario, opina el dirigente, trabajan con temor y luchan silenciosamente para que la autocensura no cale hondo, a cambio de arriesgar sus propias vidas, “ante la indiferencia de los poderes reales, formales y fácticos”. Incluso, acota, algunos diarios se cierran “para proteger la vida de su personal. Hay medios que prefieren ignorar la noticia de los asesinatos o desconocer la condición de periodistas y trabajadores de la información de las víctimas, sobre todo cuando estos son indígenas, reporteros no famosos o sencillos trabajadores no mediáticos del periodismo”. 

 

La vida por la libertad de información de un pueblo

 

Dos meses atrás, se registraron en México 2 atentados fallidos contra las vidas de sendos periodistas. Uno de ellos fue Armando Arrieta Granados, de 51 años, jefe de redacción de La Opinión de Poza Rica, Veracruz, quien sobrevivió a cuatro impactos de bala al llegar a su domicilio el pasado 12 de abril.

 

Julio Omar Gómez Sánchez, exitoso reportero-ciudadano de Noticias 911 (Facebook) en Los Cabos, Baja California Sur, tras sufrir atentados incendiarios en diciembre y febrero, fue atacado por tercera vez el 28 de marzo en su hogar. El Mecanismo de Protección a Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, le había asignado un guardaespaldas. Gómez y su familia resultaron ilesos, su guardaespaldas asesinado a balazos, y su vivienda incendiada.

 

Atacar al periodista y también su entorno

 

Al mediodía del lunes 15 de mayo El periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, de 50 años, corresponsal del diario “La Jornada” y redactor del semanario estatal “Ríodoce”, fue asesinado por un pistolero a pocos metros de su trabajo, según reportan Felap-México, Fapermex y otras organizaciones del gremio periodístico.

 

Especializado en narcotráfico, autor de Huérfanos del Narco, Los Morros del Narco, Miss Narco y Con una granada en la boca, entre muchos otros libros, Valdés Cárdenas es el periodista número ocho asesinado en México durante 2017. A esa fecha, las víctimas mortales habían sido 231 periodistas, 1 locutor, 8 trabajadores de prensa, 16 familiares y 9 amigos de comunicadores, así como 3 civiles.

 

Por su parte, La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, había condenado el asesinato del periodista mexicano Héctor Jonathan Rodríguez, perpetrado el mismo mes en Autlán de Navarro, estado de Jalisco. En la ocasión expresó que “Los medios informativos son un aporte vital al estado derecho”, agregando que “es esencial para la sociedad, que los periodistas puedan llevar a cabo su labor profesional sin temer por sus vidas”.  

 

“Los periodistas están en primera línea de la defensa de los derechos humanos fundamentales, que benefician a la sociedad en su conjunto”, dijo la directora con ocasión del asesinato de la periodista mexicana Miroslava Breach Velducea, consumado el 23 de marzo en Chihuahua.

 

¿Qué hace vulnerables a las y los periodistas?

 

Cuando se intenta defender los derechos de la profesión, el grueso de las personas aun piensa que es un tema propio de los periodistas y que a nadie más interesa. Es necesario ampliar el conocimiento sobre la importancia de la misión periodística, de manera de contar con el respaldo de la comunidad cuando se ejerce esta actividad en su favor.

 

También atenta contra el ejercicio profesional, su situación laboral, en general precaria, sin contrato que garantice sus derechos y con ingresos comúnmente insuficientes, difíciles de negociar. Esto, por no mencionar que en Chile disminuyó el poder del colegio profesional que los reúne, a partir del momento en que la dictadura lo convirtió –como al resto de estas instituciones– en una mera agrupación gremial sin potestad ética sobre sus miembros y sin capacidad de fijar aranceles mínimos.

 

Por otra parte, el hecho de que los medios dependan de la publicidad para subsistir, y se permita la existencia de poderes fácticos que ejerzan presión por sobre el derecho humano a la información, convierten en una pesada carga la defensa de posiciones éticas y las acciones que las expresan.

        

La creciente concentración de los medios en pocas manos, generalmente de grupos del poder político y económico, también dejan en la indefensión al periodismo que está por la trasparencia, la inclusión, y demás valores democráticos.

 

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